Cuatro brasileñas, detenidas por estancia ilegal en un club de alterne de Villafranca de los Barros

Cuatro mujeres de nacionalidad brasileña, con edades comprendidas entre los 20 y los 34 años, han sido detenidas en un club de alterne de Villafranca de los Barros dentro de una gran operación policial contra la inmigración ilegal y la piratería musical en Extremadura. A todas elllas se les acusa de estancia ilegal en nuestro país. Efectivos adscritos a las Brigadas y Grupos de Policía Judicial y Extranjería y Fronteras de las distintas plantillas policiales de la Jefatura Superior de Policía de Extremadura, han desarrollado una investigación que ha tenido por objeto los clubs de alterne radicados en la región extremeña, muchos de los cuales estaban siendo el medio para la reproducción y comunicación pública de música, en formato audio y video, mediante máquinas del tipo gramola-hucha instaladas y explotadas en estos establecimientos sin las preceptiva autorización de los titulares de los derechos de la propiedad intelectual o sus cesionarios. La música y videogramas musicales que contienen las “gramolas-hucha” objeto de investigación, bien puede proceder de descargas ilegales de Internet o bien de discos “master” adquiridos legalmente en el mercado, desde los que, partiendo de ese soporte original, es transformado su contenido en un formato de archivo reconocible por un PC, con el que se podría luego trabajar directamente sobre los videogramas. Una vez transformados y adaptados los vídeos musicales para su utilización por los programas informáticos de las gramolas, el responsable de su explotación puede fácilmente actualizar el repertorio mediante, por ejemplo, un dispositivo de memoria externa tipo “PEN DRIVE”. Estas máquinas funcionan con monedas y permiten al cliente elegir un video clip o una canción del repertorio cargado en el disco duro, reproduciendo y comunicando públicamente de esta forma los fonogramas y videogramas sin las autorizaciones de los titulares de los derechos intelectuales al no dar de alta y pagar las cuotas correspondiente la explotación de este negocio, lo que entraría dentro de las conductas castigadas penalmente.