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El gobierno local acusa a la Junta de seguir una política "sectaria" con Villafranca

La decisión de la Junta de Extremadura de que la ITV móvil no venga este año a Villafranca ha llevado al gobierno local  a denunciar públicamente la "política sectaria" del ejecutivo regional con la localidad.
El portavoz del  equipo de gobierno y del Grupo Socialista en el Ayuntamiento, Joaquín Rodríguez Soler, ha recordado hoy que "más de dos mil  vecinos de Villafranca se han beneficiado de este servicio público  (ITV) año tras año, y además también acuden aquí vecinos de localidades cercanas" y ha mostrado su sorpresa por la decisión de suprimir el servicio por la cercanía de estaciones cercana en Zafra o Almendralejo.
Rodríguez Soler asegura que el equipo de gobierno ya trasladó esta semana su malestar al Consejero de Fomento en la visita que ha realizado a la localidad.
"Este equipo de gobierno entiende que la política de recortes que está se está llevando a cabo desde la Junta de Extremadura, es mucho más que eso, puesto que con eliminar el servicio de ITV móvil en Villafranca, están obligando a nuestros vecinos a desplazarse a las localidades de Almendralejo o Zafra, lo que supone un gasto extra para aquellas personas que venían pasándola en su pueblo", aseguró.
 Según el portavoz municipal, la Junta de Extremadura "está desarrollando una política sectaria, en la que se beneficia a los Ayuntamientos del PP y se priva de servicios consolidados a los Ayuntamientos del PSOE, ya que Villafranca es la única ciudad de más de 10.000 habitantes a la que se le ha retirado el servicio, no siendo creíble que tal decisión responda única y exclusivamente a temas económicos como el consejero nos quiso hacer ver".
Añade que "esta decisión responde únicamente a cuestiones políticas, una decisión tomada sin ningún tipo de argumentos, que responde al afán del gobierno del PP de tomar decisiones que perjudiquen a este equipo de gobierno y por extensión a todos y cada uno de los habitantes de este pueblo, de Villafranca.

Refinería "Balboa" dice que no hay razones para que la DIA sea negativa

 Refinería Balboa asegura que "no existen razones técnicas, ambientales o administrativas" que impidan al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA) otorgar una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) positiva.
El promotor ofrece varios argumentos: que empresas de sobrada solvencia técnica (UOP, IDOM, Shell, Foster Wheler…) han elaborado la ingeniería y el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto o que "se ha dado adecuada respuesta a todos los requerimientos solicitados por el MARM durante el procedimiento de evaluación ambiental que se ha alargado más de 80 meses".
Añade que "los estudios presentados han demostrado la viabilidad ambiental del Proyecto e incluso, en aquellas ocasiones donde el MARM ha consultado a otros organismos (AEMET, CEDEX e IGME), éstos han valorado positivamente dichos estudios".
Sobre los posibles efectos en Portugal señala la empresa que el procecedimiento "se completó con la última información aportada por el Promotor (agosto del 2009) en las que se concluye que las actividades desarrolladas por Refinería Balboa no afectarán en modo alguno al territorio portugués", ni por posibles vertidos en la costa lusa ni efluentes de la refinería  en Alqueva
 "Refinería Balboa ha tenido solicitudes de información por parte del anterior MARM que no son usuales y que no han sido requeridos a otros proyectos similares y de la misma complejidad para la obtención de la DIA (caso de Cepsa en Huelva y de Repsol en Cartagena cuyas Declaraciones de Impacto Ambiental se aprobaron en 22 y 30 meses respectivamente)", concluye la nota.

Cañete dice que la Junta conocerá la DIA antes de que se publique

El Ministro de Agricultura, Alimentación  y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete, ha asegurado que aún no ha firmado la Declaración de Impacto Ambiental de la refinería pero ha reconocido que "no se dilatarà en el tiempo".
El Ministro se ha referido a la complejidad del proyecto para justificar que no se haya conocido la resolución en febrero, como él mismo avanzó.
En cualquier caso, dice que la Junta de Extremadura será la primera en conocer la decisión final varios días antes de la publicación en el BOE.