La diputada de Unión Progreso y Democracia, Rosa Díez González, ha registrado en el Congreso de los Diputados una batería de preguntas para su respuesta por escrito sobre el proyecto de refinería de la Refinería Balboa en Extremadura.
Entre las preguntas que la Diputada de UpyD ha realizado al Gobierno para su respuesta en escrito destacan: "¿Por qué se han pronunciado diversos miembros de este Gobierno y del anterior a favor de un proyecto que conllevaría más complicaciones que ventajas? ¿Cuáles son sus argumentos?, ¿Este gobierno identifica, como se hacía antaño, desarrollo industrial con contaminación?, ¿No cree en alternativas más limpias y racionales para industrializar Extremadura, incluso en el campo de las energías?, o si ¿Cree el Gobierno que la instalación de una nueva refinería de petróleos en España es positivo para el futuro de los españoles en general y de los extremeños en particular?, entre otras, según se ha podido saber mediante notasde prensa del partido a este medio.
Según explica la iniciativa presentada, en diciembre de 2004 el Grupo Gallardo, integrado por Sofiex (Sociedad de Fomento Industrial de Extremadura), BBVA, Caja Madrid, Iberdrola y Caja Extremadura, había iniciado un proyecto para instalar una refinería de petróleo en la Sierra de San Jorge, en la intersección de los términos municipales de Villafranca de los Barros, Los Santos de Maimona y Fuente del Maestre, Badajoz, una comarca dedicada casi en su totalidad al cultivo de la vid y del olivo, con altos niveles de productividad y actividad económica. En dicha iniciativa empresarial, participaría el grupo Shell como socio tecnológico, suministrador del petróleo y distribuidor de los hidrocarburos refinados resultantes.Según manifiesta UpyD en nota de prensa, "la refinería implicaría la construcción de un oleoducto, probablemente el de Huelva, que atravesaría diez espacios naturales protegidos según informes de la administración andaluza". Según la diputada, "el resto de las refinerías activas en España está emplazado, por razones de racionalidad económica y sentido común, en los mismos puertos donde descargan y cargan los barcos petroleros"
Por todo ello, UpyD señala: "Además, según información publicada en diversos medios de comunicación, el proyecto nacía con el respaldo expreso y público de los máximos responsables de la Junta de Extremadura y con un compromiso de inversión pública a través de la entidad pública Sofiex. De hecho, según esta misma información, la Junta promovió -para posibilitar la infraestructura-, la calificación de un Proyecto de Interés Regional que, a juicio de algunos colectivos sociales de la comarca afectada, se hizo por cauces que imposibilitaron la participación de los ayuntamientos de la zona"
En estos momentos, asegura la diputada en "la iniciativa registrada, es el Gobierno quien debe conceder la autorización definitiva para la implantación de este proyecto industrial tras el preceptivo Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Al Ministerio de Medio Ambiente le corresponde emitir la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), que podrá ser positiva, negativa o positiva condicionada"
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